Representación procesal
Actuamos en su nombre ante juzgados y tribunales de Gipuzkoa, en todas las jurisdicciones.
Gipuzkoa · Guipúzcoa
Representación procesal en los seis partidos judiciales de Gipuzkoa: Donostia-San Sebastián, Irún, Eibar, Tolosa, Azpeitia y Bergara. Un solo despacho, con sede en Donostia, para cualquier juzgado de la provincia.
Toda la provincia
El Despacho de Procuradores Cienfuegos-Jovellanos está formado por procuradoras colegiadas con más de 30 años de experiencia en todas las jurisdicciones. Ofrecemos representación procesal integral en toda la provincia, con presencia directa y una comunicación fluida con abogados y clientes.
Atendemos cualquier procedimiento civil, penal, social, contencioso-administrativo o mercantil con el mismo criterio de agilidad y rigor, sea cual sea el municipio de la provincia en el que se tramite. Así, los expedientes que pasan por distintos órganos judiciales de Gipuzkoa tienen una sola interlocución.
Partidos judiciales
Servicios
Actuamos en su nombre ante juzgados y tribunales de Gipuzkoa, en todas las jurisdicciones.
Recibimos cada notificación y se la trasladamos con su plazo, para que nada venza sin aviso.
Seguimos el procedimiento y la ejecución trámite a trámite, hasta que la resolución se cumple.
Demandas, recursos y escritos presentados en plazo, por vía telemática o en el registro del juzgado.
Los seis partidos judiciales de la provincia, con un solo despacho y una sola interlocución.
Procura de confianza para despachos de dentro y fuera de Gipuzkoa, con control de plazos e información puntual.
Preguntas frecuentes
El procurador es el profesional del derecho que representa a las partes ante los juzgados y tribunales. Actúa como intermediario entre el abogado/cliente y el órgano judicial, encargándose de la recepción y traslado de notificaciones, presentación de escritos y seguimiento del procedimiento.
En los procesos civiles, por regla general, sí: el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige comparecer por medio de procurador, salvo excepciones como los juicios verbales de hasta 2.000 € o la petición inicial de un proceso monitorio. También es preceptivo en las causas penales por delito y ante los tribunales colegiados de lo contencioso-administrativo. En la jurisdicción social y en primera instancia de lo contencioso-administrativo es opcional.
Sí, el cliente puede designar libremente al procurador que desee, siempre que esté habilitado para ejercer ante el tribunal que conozca del asunto. Si tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, se le designa uno del turno de oficio.
La provisión de fondos es una cantidad que el cliente adelanta al procurador para cubrir los gastos y suplidos que se generan durante el procedimiento judicial (tasas, copias, desplazamientos, etc.). Es una práctica habitual y regulada legalmente.
El poder de representación puede otorgarse ante notario o apud acta: por comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, presencial o por medios electrónicos, o de forma electrónica a través de la sede judicial electrónica, en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales (artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El poder apud acta es el más económico y habitual.
El poder apud acta es una forma de otorgar representación procesal compareciendo ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o a través de la sede judicial electrónica. Es gratuito (a diferencia del notarial) y queda inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.
Actuamos ante todos los órganos judiciales de Gipuzkoa (Guipúzcoa): la Audiencia Provincial y los Tribunales de Instancia de Donostia-San Sebastián, Irun, Tolosa, Eibar, Azpeitia y Bergara, que desde 2025 sustituyen a los antiguos juzgados. Cubrimos todas las jurisdicciones: civil, penal, social, contencioso-administrativo y mercantil.
La duración varía enormemente según el tipo de procedimiento, la jurisdicción y la carga de trabajo del juzgado. Un juicio verbal puede resolverse en pocos meses, mientras que un procedimiento ordinario puede durar uno o dos años. Le mantendremos informado en todo momento del estado de su asunto.
Cuéntenos el asunto y el juzgado. Le atendemos en castellano o en euskera.